miércoles, 9 de septiembre de 2009

“POLICÍA SIN AUTORIDAD, NO ES POLICÍA”

General PNP, Mario Cabanillas
Chávarry

En cualquier parte del mundo, una Policía con escasa autoridad o con poder mediatizado para hacer cumplir la ley, no es Policía, porque para que una institución se denomine como tal debe tener, como base fundamental de su existencia, el llamado Principio de Autoridad.
Aunque parezca contradictorio,éste el principal problema de la Policía Nacional en nuestro país: El carecer de una norma que le dé respaldo para el cumplimiento de
sus funciones y al mismo tiempo, la existencia de una clase políticaque respalde su accionar.
Por el contrario, nuestra Policía Nacional viene siendo objeto periódicamente -por lo general en cada cambio de gobierno- de reformas y reorganizaciones, muchas de ellas sin el debido fundamento. A una Policía bajo estas condiciones es prácticamente imposible exigirle mayor eficiencia y efectividad, porque carece de respaldo precisamente de los niveles de gobierno que deberían fortalecer su accionar
en lugar de debilitarlo, mejorar su capacidad de maniobra, en lugar de menoscabar su autoridad y respaldar su abnegado trabajo en lugar de restarle autoridad.
En este marco es preciso recordar que el ordenamiento jurídico antiguo, en especial los anteriores Código Penal y Ley Orgánica de la Policía Nacional, que autorizaban
a la Policía a investigar, detener y denunciar todo tipo de delitos, así como intervenir de inmediato, detener, sancionar y denunciar a los presuntos autores de delitos menores y faltas; situación que le proporcionaba suficiente autoridad para enfrentar, prevenir y erradicar los actos delictivos, neutralizar los conflictos sociales de orden público, percibiéndose mayor orden, respeto y seguridad.
En este esfuerzo la Policía aparecía de la mano con el pueblo como un binomio indisoluble en la lucha contra los que viven al margen de la ley y la sana convivencia social, aspectos que hoy añoramos. Los funcionarios del Ministerio del Interior seguramente concientes de esta situación, tratan de revertirla con
campañas y spots radio-televisivos, gastando fuertes presupuestos, como si con la sola difusión de esta propaganda la población podría cambiar de actitudes en favor de la policía y de dicho portafolio, sin darse cuenta que los ciudadanos opinan a favor o en contra en base a resultados y por la eficiencia de las instituciones en el cumplimiento de sus funciones y no por la imposición de imágenes contrarias a lo
que piensa la comunidad.
Igualmente es necesario recordar que el accionar policial actual se inicia a partir del ordenamiento jurídico previsto en las Constituciones de 1979, 1993 y del Código
de Procedimientos Penales vigente, normas en las que la autoridad policial para detener a los autores se limita hoy en día sólo a los delitos flagrantes, salvo los de terrorismo, tráfico de drogas y espionaje. Este ordenamiento jurídico, como podrán
haber apreciado, quitó la facultad de investigación que tenía la Policía para derivarla al Ministerio Público, minimizando la labor policial a la confección de un simple informe en el término de 24 horas y entre otros aspectos se le suspendió la atribución sancionadora que tenía frente a las faltas.
Esta decisión política no solo ha facilitado el avance delictivo, sino también viene permitiendo la presencia de cientos de delincuentes avezados libres, con libertad condicional o con arresto domiciliario, así como otros miles de causantes de delitos menores y faltas que pululan por las calles, causando zozobra, alarma y violencia en la población; ante lo cual los vecinos y pobladores buscan defenderse con rejas, guachimanes, cercos eléctricos,armas y juntas vecinales.
Los fiscales nuevos, dueños de la investigación policial, jóvenes en su mayoría e inexpertos en técnicas de interrogatorio e investigación, no cubren el 5% del territorio nacional, por lo que los delincuentes pronto salen libres de los juzgados
por falta de pruebas, generando un cadena delictiva incontenible y de graves consecuencias a los derechos de toda persona humana y que el Estado tiene la obligación de proteger.
Cabe recalcar que para el caso de las faltas se ha emitido el Código de Contravenciones de Policía, norma que permite a la policía conciliar, llamarle la atención al infractor o simplemente pasarlo al Juez de Paz para que le asigne
trabajos comunitarios, los que en la práctica no se cumplen, generando con este procedimiento, manifestaciones de desobediencia y burla a su labor, razón por la
cual el ciudadano afectado que no conoce de estas normas, ni de las limitaciones legales, incrementa sus quejas, desconfianza y críticas a la Policía, por su aparente inacción e incompetencia. La situación se torna más preocupante cuando
la población al no encontrar respuesta a sus demandas pretende hacer justicia por mano propia, dejándose así la puerta abierta para la barbarie, la violación de
los derechos humanos y la pérdida del estado de derecho, que el Gobierno tiene la obligación de mantener y hacer respetar para vivir civilizadamente.
Se dice que la justicia, para que sea efectiva, tiene que ser oportuna y disuasiva, por tanto siendo la policía la primera vanguardia de la lucha contra la delincuencia,
su autoridad necesita de un respaldo legal que le permita su intervención inmediata, ejemplar y sancionadora, como lo hace con las infracciones de tránsito, “falta constatada, falta sancionada “, política que no puede ser confundida como abusiva ni de mano dura, sino preventiva, disuasiva y enmarcada en la ley; así lo comprende
la ciudadanía que cada día reclama justicia y sanción a los responsables.
Finalmente, en este artículo no podíamos dejar de referirnos al caso de Moquegua, al haber sido testigos, por los medios de comunicación, del escándalo público, la humillación, agresión, resistencia a la autoridad y hasta retención de un contingente de policías comandados por un General conciliador,sin armas y con escasos
recursos. En este entendido, no se explica por qué nuestros gobernantes dejaron que el pueblo de Moquegua fuera azuzado por sus Alcaldes, por su Presidente Regional-
supuestos responsables de la Seguridad Ciudadana- y por un conjunto de agitadores políticos que buscaban notoriedad. Frente a esta situación, disponer que un contingente policial se enfrente a una turba numerosa y violenta, desarmado, con pocos medios logísticos y sin apoyo inmediato, no es más que una decisión política
dubitativa, fuera de ley y de mal uso de los efectivos policiales, la que de no ser corregida seguramente servirá de ejemplo negativo para la generación de otros movimientos similares, poniendo en peligro la vida y los derechos humanos de las personas.
Por estas y otras razones, recalcamos que “una Policía sin au -toridad no es Policía“, el agente policial, que no tiene las armas que la ley le otorga, se convierte en un mero espectador a expensas de lo que le depare el destino.
Esta situación indudablemente repercute en el consenso social, que percibe una Policía y un estado democrático débil, con una gobernabilidad frágil, que se
convierte en el caldo de cultivo para la violencia e inseguridad social de los agitadores políticos opositores.
No obstante lo expuesto, los policías seguimos creyendo y tenemos confianza en la entereza del Gobierno y en especial del Presidente de la República, para forjar la Policía que el Perú necesita; eficiente, educada y respetada.
Nosotros creemos que la inestabilidad funcional y pérdida de autoridad, podría cambiar con la dación de una Ley de Orden Público que permita normar la intervención de la policía frente a los conflictos sociales que alteran el orden, en el contexto de una Ley Marco de Orden Interno, que agrupe o sistematice a nivel nacional la finalidad fundamental de la Policía Nacional señalada en la Constitución.

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